Uno de los capítulos más oscuros en la historia de Argentina tocó a su fin esta noche en una sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires. Tras un proceso que duró años, el juzgado federal 6 condenó a Jorge Rafael Videla, -cabecilla del golpe militar de 1976 y presidente de facto hasta 1981- a 50 años de prisión por ser cómplice intelectual del robo de bebés nacidos en cautiverio.
Su sucesor en el cargo, el ex general de división Reynaldo Bignone, fue sentenciado a 15 años de cárcel. Un murmullo de desaprobación se levantó en la sala cuando la juez María del Carmen Roqueta dio lectura a esa parte del veredicto.
Los querellantes, en su mayoría familiares de las detenidas a las que les fueron sustraídos sus hijos, reclamaban 50 de cárcel para Bignone. El frágil anciano que hoy se mueve con dificultad fue comandante de la prisión de Campo de Mayo, uno de los 15 centros de detención que cobraron fama por suministrar hijos en adopción a familias afectas al régimen.
Pasado el mediodía, los dos ex generales se acomodaron en el banquillo de los acusados y con una mueca de despreció el uno y de hastío el otro, se aprontaron a escuchar el veredicto. Lo mismo les daba que les sentenciaran a un día o a un siglo, pues en juicios anteriores ambos ya fueron condenados a cadena perpetua por cometer todos los delitos de lesa humanidad que cabe imaginar, desde privación ilegítima de libertad y ejecuciones sumarias, hasta falsificación y destrucción de documentos, pasando por robo alevoso de las pertenencias de los prisioneros.
'Estos juicios son una farsa'
En una audiencia previa, tanto Videla, de 87 años como Bignone de 84, desconocieron las atribuciones del juzgado 6 para procesarlos por cualquier delito que se les imputase y en particular por el robo de las criaturas. "Lo he dicho antes y lo diré siempre: estos juicios son una farsa de comienzo a fin. Los magistrados son rehenes de una ideología que justifica las acciones de los terroristas", dijo el ex jefe de la primera junta militar.
Videla añadió que "las parturientas aludidas por la fiscalía, a quienes respeto como madres, usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes".
Detrás de Jorge Videla, estaba sentado un tipo robusto que masticaba chicle y miraba con aire de superioridad al resto del público. El ex teniente coronel Jorge 'Tigre' Acuña, jefe del más siniestro centro de detención y de torturas de aquella época; el que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), fue condenado a 30 años de prisión.
Acosta, junto con otros cuatro de los acusados, que recibieron penas de entre 15 y 40 años, instaló en edificio donde hoy se encuentra el Museo de la Memoria, una sala de partos, atendida por médicos militares y por prisioneras que eran obligadas a ejercer de enfermeras.
Más adelante el tribunal deberá resolver si existen suficientes pruebas para abrir una causa penal contra el ex capellán de la Armada y titular del Vicariato Castrense, Alberto Graselli y contra el llamado 'Movimiento Familiar Cristiano', por estar en conocimiento e incluso haber intervenido en lo que ocurría en la maternidad clandestina de la ESMA.
Ejecutadas tras dar a luz
Según el testimonio de un militar, Graselli era un visitante asiduo de la Casa Rosada cuando Videla ocupaba el sillón presidencial. Ambos asistían a misa en la capilla del edificio y el por entonces presidente de facto compartía la idea del capellán, de que los hijos de las detenidas debía ser criados en hogares "no contaminados por la ideología marxista".
Desde que comenzó el proceso, hace tres años, la fiscalía se empeñó en demostrar que el secuestro de los recién nacidos respondía a un plan sistemático, elaborado por la propia cúpula castrense. Que la dictadura incluso confeccionó un 'protocolo secreto' consistente en que las reclusas que se encontraban en avanzado estado de embarazo, fueran mantenidas con vida hasta el parto, lo cual no evitaba que fueran torturadas. Tan pronto como daban a la luz, a las mujeres se les ponía un saco en la cabeza y eran ejecutadas en la misma prisión.
La búsqueda y recuperación de los niños secuestrados-desaparecidos es una de las tareas más importantes llevadas a cabo por Abuelas de Plaza de Mayo, a partir de la restauración de la democracia en 1983. Las voluntarias, en su mayoría madres de mujeres desaparecidas que dieron a luz en la cárcel, impulsaron la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que ha permitido la identificación de 105 individuos que habían sido dados en adopción.
Fuente: elmundo.es
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